Las Regulaciones para la Información Medioambiental actualizadas entraron en vigor el 1 de enero de 2005. Implementan la Directiva Europea 2003/4/CE sobre acceso del público a la información en materia de medio ambiente.

Perspectiva general de las Regulaciones para la Información Medioambiental

Los miembros del público tiene el derecho a acceder a información en materia de medioambiente que obre en poder de las autoridades públicas.

Cualquier persona física puede solicitar información medioambiental, y la solicitud no tiene por qué ser por escrito: puede ser por carta o por correo electrónico, pero también por teléfono o en persona.

Las Regulaciones para la Información Medioambiental son aplicables a la mayoría de las autoridades públicas que también están cubiertas por la Ley de Libertad de Información. Además, también son aplicables a cualquier organismo o persona que desempeñe una función de administración pública; y cualquier organismo o persona bajo el control de una autoridad pública que tiene responsabilidad en relación con el medio ambiente (incluyendo algunas empresas privadas y sociedades público-privadas, como empresas de energía, agua, residuos y transporte).

La definición de la información medioambiental incluye información sobre el estado de los elementos del medio ambiente, como:

  • aire, agua, suelo, tierra, flora y fauna (incluyendo las personas);
  • información sobre emisiones y vertidos, ruido, energía, radiación, desperdicios y otras sustancias parecidas;
  • medidas y actividades como políticas, planes y convenios que afecten o probablemente vayan a afectar el estado de los elementos del medio ambiente;
  • informes, análisis económicos y análisis de coste-beneficio;
  • el estado de la seguridad y salud de las personas, contaminación de la cadena alimentaria; y
  • emplazamientos culturales y construcciones (puesto que pueden verse afectados por factores ambientales).


La regulación 12 proporciona a las autoridades públicas justificaciones para negarse a dar a conocer información medioambiental (excepciones).

Todas las excepciones están sujetas a la prueba del interés público (ver más abajo). Las autoridades públicas deberán dar a conocer la información de todos modos a menos que el interés público sea favorecido por la excepción en este caso en particular.

Las autoridades públicas deben responder por escrito en un plazo de 20 días laborables.

Puede imponerse un cargo por proporcionar la información (ver más abajo).

Las Regulaciones para la Información Medioambiental actualizadas son plenamente retrospectivas, es decir, pueden tener efecto retroactivo para cubrir toda la información, no sólo la información que se registró desde que entraron en vigor.

Derechos bajo las Regulaciones para la Información Medioambiental

Las Regulaciones para la Información Medioambiental crean una fuerte presunción a favor de la apertura.

A menos que haya excepciones aplicables, la autoridad pública debe proponerse satisfacer los requisitos del solicitante en cuanto a la forma o formato de la información, si se indica.

Si un solicitante está insatisfecho con la forma en la que la autoridad trató su solicitud, este puede presentar sus comentarios a la autoridad pública, que luego deberá reconsiderar su decisión.

Si el solicitante sigue insatisfecho tras el proceso de reconsideración, puede reclamar a ICO, que investigará el caso independientemente y actuará sobre la base de sus conclusiones (consulte los poderes de ejecución más abajo).

El solicitante puede apelar al Tribunal de Información contra la decisión de ICO.

Responsabilidades para las autoridades públicas

  • Difusión proactiva
    • Las autoridades públicas deben encargarse de efectuar una progresiva puesta a disposición del público mediante medios electrónicos.
    • Además, las autoridades públicas deben organizar su información medioambiental con vistas a difundirla sistemáticamente y ponerla a disposición del público.
    • Se espera que las autoridades públicas sigan unos criterios mínimos para la difusión proactiva; estos se exponen en el Artículo 7(2) de la Directiva Europea (2003/4/CE).
    • Las autoridades públicas que también están sujetas a la Ley de Libertad de Información quizás deseen usar su programa de publicaciones como manera de cumplir en parte con sus responsabilidades de difundir su información medioambiental proactivamente.
    • Las autoridades públicas deben publicar una escala de cargos de modo que los solicitantes puedan prever el coste probable de su solicitud.

Responder a las solicitudes

La autoridad pública debe responder al solicitante en un plazo de 20 días facilitando la información o proporcionando una notificación de denegación. El límite de tiempo puede ampliarse (a 40 días laborables) sólo si la información solicitada es compleja y voluminosa.

Las autoridades públicas deben facilitar asesoramiento y asistencia a los solicitantes cuando sea necesario.

Podrán aplicar contraprestaciones económicas razonables por el suministro de información medioambiental. El acceso a cualquier lista o registro en materia medioambiental y el examen in situ de la información solicitada serán gratuitos. No existe "límite adecuado" para el coste de facilitar información medioambiental.

Si la autoridad pública deniega acceso a información, deberá explicar qué excepción es aplicable y por qué divulgar la información no es de interés público, asimismo deberá informar al solicitante de su derecho a reclamar.

La prueba del interés público

Si es aplicable una excepción (ver abajo), una autoridad pública puede elegir denegar la solicitud y retener la información, pero todas las excepciones en la Regulación 12 están sujetas a la prueba del interés público. Esto significa que la autoridad debe explicar al solicitante por qué, en todas las circunstancias del caso, el interés público en mantener la excepción supera el interés público en dar a conocer la información. Existe una presunción general a favor de la divulgación.

Excepciones

Estas incluyen denegar la divulgación por que:

  • la información no obra en poder de la autoridad, o la autoridad no puede determinar la naturaleza de la solicitud;
  • la solicitud es "manifiestamente irrazonable"; o
  • la información "aún está inacabada o incompleta".


Ciertas excepciones requieren prueba de los daños que se causarían si se divulgase la información. La información puede retenerse si, por ejemplo, su divulgación afectaría adversamente:

  • la defensa, las relaciones internacionales, la seguridad nacional y la seguridad del público;
  • el curso de la justicia o la confidencialidad de una demanda;
  • "los derechos de propiedad intelectual";
  • "los intereses del proveedor de la información", cuando la provisión fue voluntaria;
  • la confidencialidad comercial; o
  • la protección del medio ambiente.


Además:

  • La información acerca del solicitante (información personal) será tratada bajo la Ley de Protección de Datos de 1998. La información personal de un tercero puede ser exenta si su divulgación violaría los Principios de Protección de Datos.
  • Sólo puede reclamarse un número limitado de excepciones cuando la información solicitada está relacionada con emisiones.

Los poderes de ejecución de ICO

ICO tiene el cometido de hacer cumplir las Regulaciones para la Información Medioambiental. Las provisiones de ejecución de las Regulaciones para la Información Medioambiental se han obtenido directamente de la Ley de Libertad de Información de 2000. ICO no tiene poder para intervenir en ninguna disputa residual en curso que haya empezado bajo las Regulaciones de 1992. Para más información sobre los poderes de ejecución de ICO, consulte "La función y los poderes de ejecución de ICO" arriba.